Normativa
LAS GARANTÍAS DE LA LEY ORGÁNICA 7/2021 EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LSP

Como es bien sabido, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, modificó el artículo 69 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada a través de la Disposición final séptima para adecuar los plazos de caducidad de los expedientes sancionadores.

Así, en la disposición de la norma de seguridad privada, se introducen dos apartados para matizar que, en relación con el régimen jurídico de la potestad sancionadora en materia de seguridad privada:

- El ejercicio de dicha potestad sancionadora en materia de seguridad privada se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015), la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante Ley 40/2015) y sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades que se puedan regular y contener en la propia norma de seguridad privada.

- El procedimiento caducará transcurridos seis meses desde su incoación sin que se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de este.

Por lo demás, el artículo no ha sufrido modificación ninguna. Por tanto, además de los planes de inspección, cuando se recibieren denuncias sobre irregularidades cometidas en el ámbito de la seguridad privada, las autoridades competentes podrán proceder a la comprobación de los hechos denunciados y, en su caso, a instar la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, pudiendo incluso el órgano que haya ordenado su incoación, iniciado el procedimiento sancionador, adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar su adecuada instrucción, así como para evitar la continuación de la infracción o para asegurar el pago de la sanción, en el caso de que ésta fuese pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los demás supuestos.

La modificación no ha hecho otra cosa sino proporcionar una seguridad jurídica al procedimiento declarando expresamente la aplicación de los principios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley 40/2015 y los requisitos de validez y eficacia del procedimiento administrativo sancionador.

Principios generales aplicables

Así, en cuanto a los principios generales aplicables y reguladores de la potestad sancionadora, en cuanto que atañen a aspectos más orgánicos que procedimentales, se regulan en la Ley 40/2015 y son los siguientes:

- El de legalidad, por el cual el ejercicio de la potestad sancionadora se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley (norma de seguridad privada), con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio por los órganos a quienes se atribuya dicha potestad y de acuerdo con el procedimiento regulado en las normas, en particular, en la Ley 39/2015.

- El de irretroactividad, por el cual son de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa y solo producirán efecto retroactivo las disposiciones sancionadoras en cuanto favorezcan al presunto infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.

- El de tipicidad, por el cual solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, clasificándose en “leves, graves y muy graves” y únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley, sin que las normas definidoras de infracciones y sanciones sean susceptibles de aplicación analógica.

- El de responsabilidad, por el cual solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa, siendo, además, las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción, compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.

- El de proporcionalidad, que entre otras cuestiones tiene en cuenta que las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. Además, en el establecimiento de sanciones pecuniarias el órgano sancionador deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

- En todo caso, en la imposición de sanciones se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, graduándose la sanción especialmente conforme a los siguientes criterios: el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; la continuidad o persistencia en la conducta infractora; la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia.

- El de prescripción, por el cual las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, las cuales, en caso de no fijar plazos de prescripción específicos, se regirán por lo siguiente: las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. Hay que tener en cuenta en todo caso que la prescripción puede quedar interrumpida en los casos legalmente establecidos.

- El de no concurrencia de sanciones por el cual no pueden sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Objetivo de la modificación de la LSP

En cuanto a la aplicación de las normas que regulan el procedimiento sancionador contenidas en la Ley 39/2015, entendidas estas como el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas para dictar la resolución sancionadora o de archivo de actuaciones, supone también un plus de seguridad jurídica para las empresas del sector de la seguridad privada al tener en cuenta que los procedimientos sancionadores se integran en su tramitación, como especialidades del procedimiento administrativo común en el marco de la citada Ley 39/2015.

Entendemos que la aclaración que trae la modificación de la Ley de Seguridad Privada responde al objetivo de simplificación de los procedimientos administrativos, en particular, el sancionador y a la contribución de otorgar mayor seguridad jurídica a estos, como ya hemos indicado, sin perjuicio de las especialidades contenidas en la normativa específica de seguridad privada.

De esta forma, al esfuerzo que llevó a cabo el legislador en el año 2014 regulando algunas carencias contenidas hasta dicha fecha en la normativa en el régimen sancionador en materia de seguridad privada, como la debida separación de las infracciones que pueden ser cometidas por las entidades, el personal, los usuarios de seguridad privada y los centros de formación o, la regulación de las conductas infractoras al objeto de evitar el intrusismo o, la graduación de las infracciones y el establecimiento de criterios para determinar la imposición de las correspondientes sanciones, ahora se une la expresa aplicación de las leyes 39 y 40 para mayor garantía en los procedimientos sancionadores para las personas y entidades del sector de la seguridad privada sujetas a la eventual incoación de un procedimiento sancionador por las autoridades competentes.

Nieves Plaza
Directora de Asesoría Jurídica de Securitas